DGA del MOP realizará capacitación virtual sobre normativa del sistema de monitoreo de extracciones efectivas de aguas subterráneas y superficiales

Para el lunes 2 de octubre está programada la instrucción en aguas subterráneas y el martes 3 la referida a aguas superficiales. Ambas instancias están programadas de 11:00 a 12:00 horas y para participar hay que inscribirse en el sitio web de la DGA.

La Dirección General de Aguas realizará el próximo lunes 2 y martes 3 de octubre una capacitación en forma virtual sobre la normativa atingente al sistema de Monitoreo de Extracciones Efectivas (MEE), al cual deben adherir las y los titulares de derechos de aguas subterráneas y superficiales de todo el país, el cual consiste en instalar sistemas de medición y transmisión de los datos, e informar a la DGA las aguas extraídas, a través del software creado para estos efectos, al cual se accede en la página web del Servicio.

El lunes 2 se abordará la normativa para aguas subterráneas (inscripción en Jornada de capacitación Monitoreo de Extracciones Efectivas), y en el caso de aguas superficiales (inscripción en Jornada de capacitación Monitoreo de Extracciones Efectivas) será el 3 de octubre. Ambas actividades están programadas de 11 a 12 horas.

Rodrigo Sanhueza, director general de Aguas, indicó que el sistema MEE permite monitorear que los titulares de derechos de aprovechamiento de aguas extraigan agua según lo otorgado, información que a la DGA le sirve al mismo tiempo para monitorear el comportamiento y sustentabilidad del acuífero o cuenca.

Lo anterior fue publicado en el Diario Oficial el 1° julio de 2019 para aguas subterráneas, con una resolución que establece las condiciones técnicas para el sistema de medición y transmisión, mantención y falla de los sistemas, niveles de exigencia según los caudales otorgados (pequeño, menor, medio y mayor) y plazos para inscribir la obra de captación en el sistema y comenzar a transmitir la información. De igual forma, la normativa para aguas superficiales fue publicada en el Diario Oficial el 15 de octubre de 2020.

El director general de Aguas señaló que en aguas subterráneas los plazos para instalar el sistema de medición y registro de la obra de captación en el software MEE de la DGA y transmitir la información ya expiraron para los estándares medio y mayor.

Sin embargo, agregó que, en el caso de los estándares muy pequeño y estándar menor de todo el país, la DGA amplió los plazos mediante resolución publicada el 15 de julio pasado en el Diario Oficial, con el fin de que este segmento, en el cual se detectó un mayor desconocimiento de la normativa, pueda informarse y no ser objeto de sanciones por incumplir la medida.

“Estos nuevos plazos de 60 meses para instalar el sistema de medición y registrar la obra en el software DGA de MEE y 72 meses para iniciar las transmisiones, no son fijos para todas las regiones, ya que se cuentan desde la fecha en que se publicó en el Diario Oficial la resolución dictada por cada Dirección Regional de Aguas para ejecutar la medida. Por lo que los nuevos plazos fluctúan entre julio de 2024 y abril de 2029, dependiendo de la región y las cuencas”, comentó.

En el caso de aguas superficiales, para gran parte del territorio los plazos ya expiraron, pero aún hay regiones en la cuales tienen hasta el primer semestre 2025 para cumplir con las exigencias del sistema MEE.

Multas por infracciones al sistema de MEE

Cabe señalar que el hecho de no instalar el sistema de medición o no transmitir la información a la DGA es una infracción al Código de Aguas, lo cual puede ser objeto de una multa de segundo grado que oscila entre 51 a 100 UTM (aproximadamente entre 3 y 6 millones de pesos).

A medida que se han ido cumpliendo los plazos en cada región, es que los equipos de fiscalización de las direcciones regionales han ido inspeccionando en terreno para verificar si las y los usuarios están o no cumpliendo con este sistema, principalmente a los estándares mayores y medios, cursando multas a beneficio fiscal y ordenando cumplir con el sistema MEE en un plazo prudencial.

De no cumplir con este plazo, es aplicable una nueva multa, de tercer grado de 101 a 500 UTM (entre 6 millones 400 mil pesos y 31 millones 700 mil pesos). Lo anterior, previo procedimiento sancionatorio abreviado consistente en una visita a terreno, notificación del acta respectiva y recepción de los descargos pertinentes, dentro del plazo de 30 días contado desde la visita a terreno.

Carmen Herrera, jefa del Departamento de Fiscalización de la DGA, informó que en el transcurso de 2023 se han abierto 267 procesos sancionatorios de fiscalización en materia de MEE, de los cuales 59 ya fueron resueltos, y en 25 de ellos se aplicaron multas por un total de 2.992 UTM (aproximadamente $190 millones).

Hasta el 31 de agosto del presente año, la región de Tarapacá resolvió 3 expedientes con multas por 525 UTM, la región de Coquimbo aplicó una multa por 43 UTM, la región de Valparaíso emitió una multa por 1.308 UTM y la región de Los Lagos cursó 20 multas por 1.116 UTM.

Cabe señalar, que de los 267 expedientes de Monitoreo de Extracciones Efectivas, en 265 (99%) fueron abiertos de oficio –iniciativa propia de la DGA-, uno obedeció a una denuncia y el otro caso correspondió a una autodenuncia.

La región de Coquimbo concentra el 22% (60 expedientes) de las fiscalizaciones para verificar la implementación del sistema MEE, seguida por la región de Biobío con un 21% (55 expedientes) de las fiscalizaciones, y la región de Antofagasta con 12% (32 expedientes) y Los Lagos con 11% (30 expedientes).

Cabe señalar que durante el 2022 se abrieron 254 expedientes de fiscalización por infracciones al sistema de MEE, de los cuales se resolvieron 201 y en 156 de esos casos se determinó aplicar multas, las que ascendieron a 9.174 UTM (aproximadamente $561 millones).

Por último, la jefa del Depto. de Fiscalización sostuvo que el fin último de aplicar sanciones monetarias y administrativas tiene por fin que los titulares de derechos de aprovechamiento de aguas apliquen correctamente la normativa sobre MEE, lo cual es una forma de controlar la condición de vulnerabilidad por riesgos de sobreexplotación de las fuentes naturales de aguas superficiales y subterráneas, y avanzar hacia la seguridad hídrica.